Introducción
Desde su programa de campaña, y como lo denotó en su discurso de posesión, la política de defensa del presidente Petro pasa por diferentes aristas: la “paz total”, a través de la cual busca acercarse a los diferentes grupos ilegales del país; replantear la estrategia de lucha contra el narcotráfico, y reformar las fuerzas de seguridad del país. El remezón en la cúpula militar es consecuencia de la nueva orientación desde la cual el Estado visualiza el concepto de “seguridad”. Este cambio es, además, la principal tarea del ministro de defensa Iván Velásquez.
En efecto, en su discurso del 7 de agosto, el presidente llamó a “terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado” (Pacheco, Cinco claves del discurso de posesión del presidente Gustavo Petro, 2022). Con esto, el gobierno extendió a los grupos armados el “aceptar beneficios jurídicos a cambio […] de la no repetición definitiva de la violencia” (Pacheco, Cinco claves del discurso de posesión del presidente Gustavo Petro, 2022). El canciller, Álvaro Leyva, quien participó en múltiples procesos de negociación, ha dado más detalles sobre lo que esto implica, tanto con el ELN como actor primordial, como con las demás organizaciones criminales. Así, el nuevo gobierno retomaría las discusiones que se suspendieron en 2019, tras el atentado del ELN a la escuela General Santander (El Espectador, 2022).
A pesar del entusiasmo con el cual el Estado parece abordar este proceso, los expertos consideran que este será muy complejo, dada la característica federal del ELN y su presencia en Venezuela (Aponte González, Trejos Rosero, & Larratt-Smith, 2022), lo que convierte a este país en un actor importante de cualquier diálogo. Igualmente, a pesar de los ataques a la fuerza pública que el Clan del Golfo ha adelantado en los últimos meses, y por los cuales más de treinta policías han sido asesinados (El País, 2022), el presidente confirmó que buscará que participen en un proceso de negociación (Infobae, 2022).
Principales elementos de la política de seguridad
De igual forma, el Estado proyecta implementar una nueva estrategia de seguridad, la cual implica un cambio en la aproximación a los cultivos ilícitos y al funcionamiento de las fuerzas de seguridad. El presidente Petro ha denunciado el fracaso de la guerra contra las drogas dado que la sustitución forzada no ha llevado a la reducción de la producción (Machuca, 2019). Por eso, el gobierno plantea abordar este desafío desde la regulación y la creación de oportunidades, con inversiones a nivel territorial (en donde el rol de Programa Nacional Integral de Sustitución – PNIS es clave) y promoviendo este cambio de enfoque en escenarios internacionales (Pacheco & Restrepo, 2022)[LGB1] , dándole mayor responsabilidad a los países con alta demanda de drogas y a los programas de reducción de riesgo para el consumo (Ortiz Fonnegra, 2022).
En cuanto a la fuerza pública, la experiencia en derechos humanos del nuevo comandante de las FF.AA., el general Helder Giraldo, y del comandante del ejército, el general Luis Mauricio Ospina, dan cuenta como la defensa de los DD.HH. estará al frente de la política de seguridad del gobierno. (Díaz, 2022). Por lo tanto, las funciones del ministro de defensa, Iván Velásquez, están orientadas a guiar esta transformación.
Perfil del Ministro
El Ministro es Abogado y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, su carrera ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Como director de fiscalías de Medellín a finales de los 90, Velásquez encabezó las investigaciones para esclarecer diversas masacres, tras lo cual, como magistrado auxiliar, lideró procesos contra los grupos paramilitares y sus lazos con la política (El Tiempo, 2022). Entre 2013 y 2017 la ONU lo nombró director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde esta institución reveló ejecuciones extrajudiciales (BBC, 2010) y distintos entramados para el beneficio propio de múltiples instancias del Estado guatemalteco, que llegaron a involucrar incluso al presidente Otto Pérez Molina (Silva Ávalos & Asmann, 2019). Gracias a la CICIG, la tasa de homicidios en Guatemala se redujo en un 5% anualmente entre 2007 y 2018 y fortaleció los entes judiciales del país (International Crisis Group, 2018). No obstante, la tasa de impunidad se mantuvo en un 98%y la corrupción dentro del gobierno guatemalteco está todavía presente (Silva Ávalos & Asmann, 2019).
Conclusión
La aproximación a la seguridad del nuevo gobierno pasa por la salida negociada con los grupos ilegales, la reconfiguración de la lucha contra el narcotráfico desde la regulación y el desarrollo social, y la promoción de los derechos humanos y la transparencia dentro de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la traducción de estos cambios a iniciativas y resultados concretos es todavía distante. [LGB2] El nuevo presidente tendrá además que enfrentar un Congreso fragmentado, que podría limitar el alcance de la reforma a las fuerzas de seguridad y grupos armados fortalecidos alrededor del país. Adicionalmente, el gobierno tendrá que formular respuestas a otras economías ilícitas con las cuales estas organizaciones ilegales ya se nutren, como la trata de personas (Ávila, 2022), el contrabando, la minería ilegal, y el tráfico de animales (McDermott, 2021).
Bibliografía
Portada: Imagen tomada de Freepik.
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